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Inicio > Grupos > Soria > Distiller ha sido condenada por el delito ambiental de verter sustancias tóxicas en Ólvega

Desagüe de las aguas pluviales del polígono industrial Emiliano Revilla (Ólvega, Soria)

En el Juicio en vía penal que ha tenido lugar en Soria el 21 de febrero de 2022; Daniel Crous Aguilera, como responsable de la empresa Distiller S.A, ha aceptado la condena por delito ambiental en el tipo básico establecido en el artículo 325 del código penal, ya que los vertidos han causado daños sustanciales a la calidad del del suelo y de las aguas. contravenían las leyes protectoras del medio ambiente.

La condena recibida es de 5 meses de prisión, multa de 15 €/día durante 8 meses, inhabilitación de 6 meses para ejercer su cargo de administrador de empresas, restauración del medio deteriorado y una indemnización de 100.000 € de la que se beneficia la Junta de Castilla y León. En todo caso habrá que esperar a que se dicte la Sentencia para conocer con precisión los términos de la misma.

Para Ecologistas en Acción, la importancia de este juicio está en que demuestra que las asociaciones ambientales son necesarias y prestan una excelente ayuda a las administraciones que quieren realmente proteger la salud ambiental y hacer cumplir la ley. Con este proceso judicial se ha conseguido paralizar los vertidos que la contaminación tóxica se pare y restaure el medioambiente afectado. También es un aviso para aquellos delincuentes ambientales que se sienten impunes, y en especial para aquellos que se enriquecen ante la falta de control administrativo, o cuentan con apoyo político.

En el otoño de 2016 socios de Ecologistas en Acción de Soria, tras ser avisados por los vecinos de la existencia de olores irritantes que procedían del polígono industrial Emiliano Revilla de Ólvega (Soria), detectaron que tales olores procedían de la empresa Distiller S.A, y que los mismos estaban presentes también en las aguas y limos del arroyo de los Caños.

Ante la sospecha de su toxicidad se envió una muestra de agua contaminada para ser analizada en un laboratorio acreditado, cuyos resultados indicaban que efectivamente había una concentración de varias sustancias tóxicas: hidrocarburos, algunos clorados, y de metales pesados.

Considerando este análisis y la información aportada por los ecologistas como un indicio de delito ambiental, la fiscalía realizó una inspección a la zona con toma de muestras de agua y de tierras, que dio lugar a que se iniciara un proceso judicial, que finalmente y tras 5 años ha acabado en un juicio oral celebrado el día 21 de febrero de 2022, en el que la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha ejercido de acusación popular.

La diligencias de la fiscalía, la intervención del equipo del SEPRONA y la presencia de Ecologistas en Acción en el proceso judicial han sido los elementos disuasorios adecuados para que la empresa haya adoptado medidas previamente a la celebración del juicio, y así minimizar los graves problemas y daños ambientales que ha estado generando la planta de Distiller en Ólvega. Según la propia empresa, el coste de tales medidas le ha supuesto un desembolso de 650.000 euros (de momento).

Hay que decir que estos olores y vertidos eran evidentes para las administraciones con competencias en Ólvega, las cuales podrían haber actuando para prevenir y luego reducir los daños ambientales:

A la Junta de Castilla y León también se le ha echado (y se le echa) en falta en relación a sus responsabilidades en materia de protección de la salud laboral de los trabajadores, que por su cercanía a los focos contaminantes del aire que respiraban, del agua y del suelo.

Muchas de estas informaciones  han ido publicando ASDEN y Ecologistas en Acción a lo largo de 10 años, haciendo ciertos algunos de los rumores que corren por el pueblo de Ólvega en relación a la impunidad con la que aparentemente ha actuado Distiller. Por ejemplo a los vecinos les parecía inaudito que varios sentencias judiciales en vía administrativos, iniciados por la Federación de Ecologistas en Acción, anulaban sus Autorizaciones ambientales e inmediatamente se les otorgaban otras nuevas que las legalizaban.

Una vez que la empresa ha reconocido la comisión de delitos ambientales, sería inaudito que las autoridades locales permitiesen a Distiller el instalar una incineradora de residuos tóxicos que está tramitando la Junta de Castilla y León sin tener en cuenta las más de 700 alegaciones de los vecinos de Ólvega, de asociaciones y de entidades locales de Aragón.

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